INVERSION PUBLICA VERDE

Cómo poner fin a la recesión

Robert Pollin · · · · ·

09/11/08

El derrumbe de Wall Street está diezmando ahora a Main Street, Ocean Parkway, Mountain View e I-80. Desde enero se han perdido 760.000 puestos de trabajo. Sólo en septiembre las peticiones mensuales de seguro de desempleo por despidos masivos ascendieron al 34%. General Electric, General Motors, Chrysler, Yahoo! y Xerox han anunciado más despidos, lo mismo que los humillados titanes financieros Goldman Sachs y Bank of America. Una cuarta parte del conjunto de todas las empresas de los Estados Unidos están planeando reducciones de plantilla para el próximo año. Las administraciones públicas se enfrentan a caídas de los ingresos fiscales de aproximadamente 100.000 millones de dólares durante el próximo año fiscal, el 15% de sus presupuestos totales. Como las administraciones han legislado prescribiendo presupuestos saneados, ahora están considerando mayores recortes presupuestarios y despidos. El hecho de que el producto interior bruto (PIB) se haya contraído entre junio y septiembre ─por vez primera desde los ataques terroristas de septiembre de 2001─ sólo confirma las realidades de base a que se enfrentan trabajadores, familias, empresas y el sector público. La recesión, ciertamente, está aquí, de manera que la pregunta es ahora cómo paliar su duración y cómo mitigar su dureza. Un programa federal a gran escala de estímulo es la única acción que puede cumplir la tarea. Hasta el momento, nuestros líderes de Washington han vacilado. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sigue improvisando con los planes de rescate, asignando en el proceso fabulosas sumas de dinero. El programa original de Paulson para el Tesoro de asignar 700.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes para adquirir préstamos “tóxicos” ─los valores hipotecarios aceptados por los bancos privados que están en impago o demora─ fue al menos parcialmente archivado en favor de la adquisición directa por parte de la Administración de mayores participaciones de los bancos. Pero ninguna de las estrategias de Paulson ha contribuido a estabilizar la situación, dados los salvajes bandazos experimentados por los mercados globales de valores y de divisas, y con unos inversores deshaciéndose temerariamente de préstamos comerciales en favor de los seguros bonos del Tesoro. La crisis ha golpeado incluso al otrora serio mundo de los fondos mutuos del mercado de divisas, en el que los pusilánimes podían depositar sus ahorros de forma segura a cambio de rendimientos bajos. Los poseedores de fondos mutuos del mercado de divisas han entrado en pánico vendedor desde mediados de septiembre, lo que ha provocado una desvalorización de sus cuentas rayana en el medio billón de dólares. Para contener el desplome del mercado de fondos, Bernanke anunció el 21 de octubre, en pleno plan de rescate Paulson, que la Reserva Federal estaba preparada para adquirir 540.000 millones de dólares en certificados de depósitos y préstamos comerciales privados de los fondos del mercado de divisas. Esta acción se añadía a dos iniciativas previas por las que la Reserva Federal se comprometía a comprar todos los préstamos comerciales necesarios de bancos en quiebra. Hasta la llegada de la crisis, la Reserva Federal había llevado una política monetaria consistente casi exclusivamente en la compraventa de bonos del Tesoro, y muy raramente compraba deudas de empresas o bancos privados. Pero las normas de política monetaria anteriores a la crisis han sido arrojadas por la ventana. Aun si alguna combinación de las acciones del Tesoro y de la Reserva Federal empezara a estabilizar los mercados financieros durante las próximas semanas, eso no revertiría por sí mismo la cada vez más profunda crisis en la economía no financiera. Una subida del desempleo de entre el 8% y el 9% ─más de 14 millones de personas sin trabajo─ se está convirtiendo en un escenario cada vez más probable a la vuelta del año. El presidente Obama, como la mayoría de miembros del nuevo Congreso de mayoría demócrata recien elegido, parece admitir la urgencia de tal programa de estímulo a gran escala por encima y más allá del programa de rescate financiero. Incluso Bernanke, cuyo mandato dura hasta enero de 2010, ha ofrecido apoyo. Pero, a pesar de un consenso al alcance de la mano, quedan preguntas pendientes. Entre ellas: ¿cómo deberían gastarse los fondos de estímulo? ¿Qué duración deberían tener? ¿De dónde sacaremos el dinero para pagarlos? Estímulo de inversión pública verde Las recesiones crean sufrimiento humano general. Minimizarlo, debe tener la máxima prioridad en la lucha contra la recesión. Eso significa ampliar los beneficios de desempleo y los vales de comida para contrarrestar las pérdidas de ingreso de los trabajadores desempleados y de los pobres. Mediante la estabilización de los bolsillos de hogares en apuros, esas medidas ayudan también a la gente a pagar sus hipotecas y bombean dinero a los mercados de consumidores. Más allá de esto, debería diseñarse un programa de estímulo que cumpliera tres criterios adicionales. El primero: debemos generar el mayor aumento posible de empleo para cada nivel de nuevo gasto público. El segundo: el gasto debe dirigirse a ámbitos que fortalezcan la economía a largo plazo, y no consistir en meras inyecciones dinerarias a corto plazo. Y por último: a pesar de la recesión, no podemos permitirnos el lujo de aplazar la lucha contra el calentamiento global. Para perseguir todos esos objetivos necesitamos un estímulo de inversión pública verde. Con ese estímulo defenderíamos los proyectos de sanidad y educación públicas de los estados contra recortes presupuestarios; lograríamos una financiación a largo plazo, tan necesaria como inveteradamente bloqueada, para la rehabilitación de nuestras carreteras, de nuestros puentes, ferrocarriles y sistemas de gestión de aguas; y financiaríamos inversiones en eficiencia energética ─incluyendo la renovación de equipo obsoleto y el desarrollo del transporte público─, así como en nuevas tecnologías de energía eólica, solar, geotérmica y derivada de la biomasa. Este tipo de estímulos generaría muchos más puestos de trabajo —18 por cada millón de dólares gastado— que el aumento planeado en la industria militar y petrolífera (id est:, nuevos contingentes militares en Iraq o Afganistán combinados con la divisa: “perfora, cariño, perfora”), que sólo generaría en torno a 7,5 puestos de trabajo por cada millón de dólares de gasto. Hay dos razones que explican la ventaja del programa verde. El primer factor es la mayor “intensidad de trabajo” de este tipo de gasto, esto es, se gasta más dinero en contratar a gente y menos en máquinas y suministros y, por tanto, hay menor consumo energético. Esto es más obvio si comparamos la contratación de profesores, enfermeras y conductores de autobuses con los resultados de perforar las costas de Florida, California y Alaska en busca de petróleo. El segundo factor es el “contenido nacional” del gasto, cuánto dinero permanece en los EEUU en contraste con la compra de importaciones o con el gasto en el extranjero. Cuando construimos un puente en Minneapolis, mejoramos el sistema de diques de Nueva Orleáns o modernizamos la vivienda pública y privada para aumentar su eficiencia energética, prácticamente cada dólar se gasta dentro de nuestra economía. Por el contrario, sólo 80 centavos de cada dólar que se gasta en la industria petrolífera permanece en los Estados Unidos. La cifra es aún más baja en el caso del presupuesto militar. ¿Qué pasa con el conjunto de rebajas fiscales a todos los niveles, como el programa aprobado por la administración Bush y el Congreso de mayoría demócrata en abril? Podría argumentarse a su favor a la luz de las tensiones financieras que afrontan las familias de clase media. Sin embargo, aun suponiendo que los hogares de clase media gastaran todo el dinero que se les reembolsa, el aumento neto en empleo sería de cerca de 14 puestos de trabajo por cada millón de dólares gastado; en torno a un 20% menos que el programa de inversión pública verde (la razón principal para este menor impacto es el menor contenido nacional del promedio de consumo en vivienda). Asimismo, no es probable que las familias gasten todo el dinero que se les ha rebajado. Con el programa de rebajas de abril, las familias destinarían una gran parte del dinero sólo al pago de deudas. El problema del tamaño Éste no es el momento de ser tímidos. El programa de estímulos del pasado mes de abril sumaba 150.000 millones de dólares, incluyendo el descuento de 100.000 millones en vivienda y el resto de deducciones fiscales. Esta iniciativa incentivó algún crecimiento en el empleo, a pesar de que, como hemos visto, el impacto habría sido mayor si se hubiera destinado el mismo dinero al estímulo de la inversión pública verde. Pero los beneficios de cualquier puesto de trabajo fueron anulados por las fuerzas contrarrestantes de la pinchada burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y el aumento de los precios del petróleo. La recesión resultante está ahora ante nosotros. Ello habla en favor de un estímulo harto mayor que el decretado en abril. ¿Hasta qué punto mayor? Una forma de enfocar la cuestión es considerar la última vez que la economía se enfrentó a una recesión de similar dureza, que fue en 1980-82, en el primer mandato de Reagan como presidente. En 1982, el PIB se contrajo un 1,9%, la caída anual más grave del PIB desde la Segunda Guerra Mundial. El desempleo subió al 9,7% ese año, que fue, nuevamente, la cifra más alta desde los años treinta. La administración Reagan respondió con un programa de estímulo masivo, a pesar de que sus presuntos devotos del mercado libre jamás lo reconocieran como tal. Prefirieron llamarlo programa de expansión militar y recortes fiscales para aumentar la “economía de la oferta”. Cualquiera que sea la etiqueta, esta combinación generó un aumento del déficit federal de cerca de dos puntos porcentuales en relación con el tamaño de la economía en esa época. En 1983, el PIB subió bruscamente un 4,5%. En 1984, tuvo un crecimiento acelerado hasta el 7,2%, lo que permitió a Reagan hablar de un nuevo “amanecer en América”. El desempleo retrocedió un 7,5%. En la economía de hoy, un estímulo económico equivalente al programa de Reagan de 1983 sumaría en torno a 300.000 millones de dólares de gasto, cerca del doble del tamaño del programa de estímulo de abril, aunque en la línea de las altas cifras que se están proponiendo en el Congreso. Un estímulo de esas dimensiones podría crear cerca de seis millones de puestos de trabajo, contrarrestando las fuerzas destructoras de empleo de la recesión. Huelga decir que el estímulo de la inversión pública verde sería mucho más efectivo como programa de empleo que la política militarista y de rebajas fiscales a los ingresos más altos de Reagan. Esto sugiere que una iniciativa con un coste algo inferior a los 300.000 millones de dólares podría servir para luchar contra la destrucción de empleo. Pero como el estímulo de inversión pública verde está diseñado también para producir beneficios a largo plazo para la economía, no hay el menor peligro de que gastemos demasiado. Puesto que todas esas inversiones son necesarias para luchar contra el calentamiento global y mejorar la productividad global, cuanto antes avancemos, mejor. Además, bajo las condiciones del mercado de trabajo actual, no habrán de faltarnos trabajadores calificados. ¿Cómo pagar todo esto? Recapitulemos y sumemos las cifras que he ido soltando. Incluyen los 700.000 millones de la operación rescate de bancos urdida por el Tesoro, los 540.000 millones con que el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, ha prometido rescatar los fondos mutuos del mercado, además de una cifra sin especificar de varios millares de millones de dólares para comprar las deudas comerciales no deseadas aceptadas por los bancos. Lo que yo propongo es añadir un gasto de 300.000 millones para un segundo estímulo fiscal, más allá del programa de 150.000 millones del pasado abril. Llegados a cierto punto, hay que preguntarse si estamos hablando de dólares reales o de dinero ficticio del tipo Monopoly. Lo cierto es todo el programa permanece dentro del reino de la viable, aunque se acerque a sus fronteras más extremas. Pero se necesitan mayores ajustes en el actual modelo de gestión. En particular, la Reserva Federal debe seguir ejerciendo control sobre el Tesoro en todas las operaciones de rescate. Esto es, necesitamos más iniciativas como el programa de 540.000 millones de Bernanke para estabilizar los fondos mutuos del mercado de divisas y menos trapicheos del Tesoro con el dinero de los contribuyentes para comprar, ya los malos activos de los bancos privados, ya sus participaciones. Debemos reconocer abiertamente lo que durante demasiado tiempo ha constituido un hecho silenciado en relación con esas operaciones de rescate, a saber: que la Reserva Federal tiene el poder de crear dólares a voluntad mientras el Tesoro financie sus operaciones, ya mediante ingresos impositivos, ya mediante fondos prestados (lo que significa utilizar el dinero del contribuyente para devolverle la deuda algún tiempo después con interés). No es que la Reserva Federal corra a la imprenta cuando decide inyectar más dinero en la economía, pero su actividad normal de expedir cheques a bancos privados para que éstos compren bonos del Tesoro viene a ser lo mismo. Cuando los bancos reciben cheques de la Reserva Federal, tienen más líquido del que tenían cuando vendían a la Reserva Federal sus bonos del Tesoro. Especialmente durante las crisis, no hay razón para que la Reserva Federal se autorrestrinja en el buen uso (aunque sí, huelga decirlo, en el exceso) de ese poder de creación de dólares. También se supone que la Reserva Federal es el principal regulador del sistema financiero. Ahora es el momento de recuperarse de los fallos confesados por Alan Greenspan durante más de 20 años en este puesto. A cambio de la protección de la Reserva Federal a las instituciones financieras ante el desplome, Bernanke debe insistir en que los bancos empiecen a prestar dinero para apoyar inversiones productivas y prohibirles cualquier regreso a la especulación derrochadora. También son necesarias medidas para que las gentes puedan conservar sus hogares. El déficit amenaza Cuando la economía empezó a ralentizarse este año, el déficit fiscal aumentó más del doble, de 162.000 millones de dólares a 389.000. No podemos saber a ciencia cierta cuánto aumentará el déficit. Podría ascender a 800.000 millones, un billón, o incluso algo más, dependiendo de cómo se gestionen las operaciones de rescate. Sobra decir que sería de todo punto contraproducente aplicar una política fiscal temeraria, insensible a la presión de las necesidades de la lucha contra la crisis financiera y la recesión. Pero en las condiciones actuales, incluso un déficit de un billón de dólares no tendría por qué ser temerario. Volvamos a la experiencia reaganiana para tomar perspectiva. En 1983, el déficit de Reagan tocó techo, representando un 6% del PIB. Con un PIB actual cercano a los 14,4 billones de dólares, un déficit de un billón representaría en torno al 7% del PIB, un porcentaje un punto mayor que la cifra de 1983. Ni que decir tiene que el sistema financiero global ha sufrido cambios trascendentales desde los años ochenta, de manera que las comparaciones directas con los déficits de Reagan no son totalmente válidas. Uno de esos cambios es que la deuda pública ha ido a parar cada vez más a manos de estados extranjeros e inversores privados. Eso significa que los pagos de intereses de esa deuda fluyen crecientemente desde los cofres del Tesoro a propietarios extranjeros de bonos del Tesoro. Al tiempo, como un rasgo de la crisis, los bonos del Tesoro son, y lo seguirán siendo durante algún tiempo, el instrumento financiero más seguro y deseable del sistema financiero global. Los inversores estadounidenses y extranjeros piden ahora a gritos bonos del Tesoro, en vez de comprar acciones, obligaciones o derivados emitidos por compañías privadas. Eso empuja a la baja los tipos de interés de los bonos del Tesoro. Por ejemplo, el 15 de octubre de 2007, un bono del Tesoro a tres años rendía un interés del 4,25%, mientras que el pasado 15 de octubre el rendimiento había caído al 1,9%. Por el contrario, un bono empresarial BAA rendía un interés del 6,6% hace un año, pero este año ha subido al 9%. Mientras los mercados financieros sigan sumidos en la inestabilidad y el miedo, el Tesoro podrá tomar préstamos a tipos de interés irrisorios. De aquí que permitir que el déficit suba incluso por encima del 7% del PIB no represente una carga mayor para el Tesoro que la de los déficits de Reagan. No hay, pues, razón alguna para aprestarse con timidez a la lucha contra una recesión en la que andan al acecho todo tipo de peligros y la pauperización de mucha gente. Lo cierto es que la pobreza grave y los peligros aumentarán en la medida en que las actitudes timoratas —el camino de menor resistencia— fijen los límites de lo aceptable. La entrante administración Obama puede dar pasos decisivos ahora para defender el sustento de la gente y reconstruir un sistema financiero viable, unas infraestructuras productivas y un mercado de trabajo fundados en una economía de energía limpia. Robert Pollin es profesor de economía y codirector del Political Economy Research Institute [Instituto de Investigación de Economía Política] (PERI), el cual ayudó a fundar, en la Universidad de Massachusetts Amherst. Sus libros más recientes son Contours of Descent: U.S. Economic Fractures and the Landscape of the Global Austerity (Verso, 2003) y, en colaboración con Stephanie Luce, The Living Wage: Building a Fair Economy (The New Press, 1998).

UN ECONOMISTA DEL PT Y DIRECTORDE INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO DEL GOBIENRO BRASILEÑOS OPINA SOBRE LA CRISIS ECONOMICA

es momento para construir nuevos sistemas con justicia social, dice

Agotado, el modelo económico concentrado: experto brasileño

■ Necesaria la unión de países y presión de la sociedad para el cambio

Paulo Cannabrava Filho

El modelo económico concentrador está agotado e insistir en él es “cerrar las puertas al futuro y condenar al planeta al calentamiento global, de consecuencias inimaginables”, advierte el economista brasileño Marcio Pochmann.

Explica: “hoy un millón 250 mil familias controlan 55 por ciento de la riqueza del mundo, dejando en la pobreza y la incertidumbre a mil 500 millones de familias, más de dos tercios de los habitantes de la Tierra”.

Además, señala el coordinador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (organismo vinculado al Núcleo de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Brasil), “500 trasnacionales controlan 40 por ciento del PIB mundial; entre ellas, las 50 mayores tienen ingreso superior al de 100 países. Y no hay alguna medida de compensación. Las regulaciones impuestas al sistema planetario extrapolan los países y no hay control sobre las grandes trasnacionales identificadas con un patrón de desarrollo del siglo XX que actualmente es insostenible ambientalmente”.

Así, apunta, la intervención del Estado para evitar la quiebra de dos de las más grandes financieras en Estados Unidos constituye una prueba más de que está superado el modelo de desarrollo fundado en el liberalismo o en el pensamiento único emanado del Consenso de Washington. El momento es propicio para una reversión de expectativas a nivel mundial e iniciar la construcción de nuevos modelos que lleven a una sociedad más justa, que valore prioritariamente a la persona y la preservación de la naturaleza. Para que eso ocurra es imprescindible la participación del Estado.

El Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea, por sus siglas en portugués), que coordina Pochmann, tiene como finalidad monitorear y evaluar políticas públicas, subsidiar la construcción de una agenda para el desarrollo nacional y elaborar el plan de desarrollo 2022.

Autor de numerosos libros, entre ellos Globalizacão: a nova divisão internacional do trabalho; O capitalismo em mudança, Pochmann tiene como meta en la coordinación del Ipea “contribuir a la construcción de una agenda del desarrollo nacional para reducir la distancia que separa el Brasil que podemos ser del Brasil que realmente somos”.

Cambio cultural y de consumo

Para el también doctor en economía “se está viviendo una fase de reinvención de una economía posliberal. El momento apunta hacia un nuevo proyecto de desarrollo nacional que considere la importancia de los estados supranacionales. Frente a la dificultad de mantener la soberanía en un mundo que se concentra, la unión de los estados es la alternativa”.

Pochmann enfatiza que el modelo económico que se aplica en los países en desarrollo está agotado, y tras enumerar la concentración que éste ha dejado, indica: “ese modelo de mercantilización de la vida no fue universalizado de manera homogénea, de tal modo que sólo el 25 por ciento de la población tuvo acceso a ese patrón de producción y consumo, mientras que en América Latina y África la universalización se dio en forma de subdesarrollo. Y la ausencia de un gobierno mundial resultó en que las corporaciones tienden a profundizar el subdesarrollo”.

–¿Eso es lo que caracteriza al imperialismo de nuestros días, la concentración globalizada? ¿Cómo ve usted el futuro para ese modelo del capitalismo?

–El imperialismo desterritorializó el modelo de desarrollo dentro de un patrón de producción y consumo. Las grandes empresas operan cada vez más en redes y en función de ventajas comparativas. Ellas se dislocan de un país a otro, deciden qué partes harán y en qué país las harán para ampliar sus ganancias. Y presionan para que ese patrón de desarrollo se mantenga en la explotación del subdesarrollo. Ese modelo consumista crea demanda por automóviles, por ejemplo. Como consecuencia, los sectores altos, la clase media y los que tienen recursos para comprarlos, presionarán para que el gobierno dirija las inversiones en carreteras, viaductos, garajes y otros bienes para servir a ese segmento de la sociedad. Significa, muchas veces, ausencia o insuficiencia de recursos para inversiones en infraestructuras colectivas como trenes, autobuses, e inclusive para educación y salud. Y aquel que sostiene el modelo de consumo de bienes de alto valor unitario es el mismo que compra un periódico, o el que lo elabora, o el comentarista de los medios de comunicación, lo que hace que los gobernantes sean susceptibles a esas presiones.

–¿Cómo invertir eso si toda la sociedad parece estar deslumbrada con la posibilidad de acceso al consumo, si son las grandes corporaciones las que dictan las reglas a los gobiernos?

–Primero es necesario un cambio cultural. No hay como seguir utilizando la economía de la explotación. La gente está transfiriendo al trabajador la responsabilidad por la calificación de la mano de obra.

“La víctima pasó a ser el culpable por su situación de desempleo. Pero él no es el que genera empleo. Quien genera empleo es la economía, el sistema económico, es el gasto público también. Por eso, el arma del trabajador es su liberación del trabajo por supervivencia. Y eso es posible con mejor repartición de las ganancias por productividad. Es inexorable que con el aumento de la producción y más productividad haya una menor demanda por jornada de trabajo. Hay condición suficiente no sólo para una reducción drástica de la jornada de trabajo, sino también para la postergación del ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. No hay razón alguna que justifique trabajar más de 42 horas por semana.”

–¿Cómo, si en los países de nuestra América el subempleo es dominante y hay utilización hasta de trabajo esclavo?

–En 1850 ya era posible trabajar ocho horas diarias pero se laboraban 16 horas o más aunque existía una base económica que permitía una jornada menor. Eso se hizo posible por la movilización de la sociedad, por presión de los sindicatos que adquirieron más fuerza con la industrialización. Fue necesario un tiempo para que lo que se pretendía se volviera una realidad socialmente compartida. Además de reducir la jornada de trabajo, las personas deberían ingresar en el mercado laboral después de los 25 años de edad. Cuando la expectativa de vida era de 40 años se consideraba normal comenzar a trabajar a los cinco años, como en la sociedad agraria, o a los 15 o 17 años. Ahora que hay la posibilidad de vivir hasta los 100 años o más, tiene sentido postergar la entrada al mercado de trabajo. Con la reducción de la jornada y el ingreso con más edad al mercado de trabajo es que se podrá integrar a todos los excluidos. Y también hay que cuidar de que haya educación para todos a lo largo de la vida.

–¿Eso cuesta dinero y los gobiernos dicen que no hay recursos. ¿Quién va a financiar todo eso?

–Los fondos públicos. El estado recauda y quien va a gerenciar es la comunidad…

–Pero si el Estado es cómplice de las grandes corporaciones cuando no son ellas las que dictan las reglas para el Estado. ¿Cómo cambiar eso?

–Eso toma tiempo. Depende de la politización de la sociedad, pues la solución es política. Depende de la capacidad de organización y de presión de la sociedad. Tiene que haber presión también por mayor responsabilidad social de las empresas. El trabajo autónomo, en torno de las potencialidades de las comunidades también necesita ser financiado y eso es función para los fondos públicos.

–¿Cómo?

–Hubo una época en que era inimaginable pagar a un profesor, por ejemplo, o a un médico, con recursos públicos. Hoy toda la gente lo ve como normal. Hay que pensar en ocupación vinculada a la sociabilidad.

—Si, es claro, pero, ¿de dónde vendrán tantos recursos para esos fondos?

–Hay que hacer que aumenten los fondos públicos a partir de la tributación de los sectores más dinámicos, además de la tributación sobre el patrimonio y nuevas formas de financiamientos públicos, como, por ejemplo, las aplicaciones en títulos de la deuda pública. O sea, estamos hablando de un PIB mundial alrededor de 60 billones de dólares mientras circulan en el mercado financiero 600 billones de dólares.

–Usted dice que hay que tributar inclusive las commodities. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, intentó que tributaran los productos agrícolas de exportación y no lo logró. Tuvo que ceder.

–Sí, es un espacio de disputa y ella fue derrotada. Está claro que si no se produce movilización social y presión nada cambiará. Es necesario cambiar ese modelo concentrador. La decisión tiene que ser política. En Brasil, la democratización iniciada en los años 1980 tenía como presupuesto un conjunto de reformas que no se produjeron. Al contrario, hubo una desconstrucción del Estado. El 15 por ciento del PIB que era estatal pasó a monopolios privados. Además, hubo una reducción de 2.5 millones en la fuerza de trabajo del sector público. La política del estado mínimo dejó al Estado en extrema pobreza y carente de cuadros, pues no hubo capacitación profesional y sí reducción de salarios. La participación de la renta generada por el trabajo en la distribución funcional del PIB bajó del 50 por ciento al 36 por ciento.

–¿Cuál es el modelo de desarrollo ideal que usted propone para América Latina?

–Europa y Asia lograron enfrentar la globalización con proyectos propios que dieron buenos resultados. Eso porque supieron protegerse y aprovechar la globalización. China por ejemplo. No es que China sea el modelo ideal, pero para que se vean otras formas. Mientras en América Latina se abrieron las economías gratuitamnte, sin exigencia de contrapartida, China abrió con la contrapartida de transferencia tecnológica. Por cada empresa que se instaló en su territorio ellos establecieron una empresa clon. ¿Por qué sólo los chinos pueden hacer eso?

–Brasil ya lo hizo. Cuando el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961) abrió para que se instalara la industria automotriz impuso un plazo para su nacionalización y fue cumplido.

–Sí. Eso es una decisión de estadista. Hoy esa industria ya no es nacional. América Latina y otros países del tercer mundo no tienen proyectos, lo que hace más difícil la construcción de alternativas. En el caso latinoamericano esa construcción debe ser de carácter regional, puesto que ningún país logrará enfrentar ese desafío sólo.

“Con el modelo actual, centrado en producir y exportar minerales, vegetales y combustibles se aprovecha mínimamente el potencial que tienen nuestros países en su inserción internacional. Es necesario enriquecer las cadenas productivas. Una cosa, por ejemplo, es ser de la OPEP y exportar petróleo bruto. Otra cosa es agregar valor en la cadena productiva, producir los derivados a través del desarrollo de la petroquímica. Eso genera demanda de empleos de calidad, empleo para la clase media.”

¿QUIEN DICE QUE SOLO LA CLASE POLITICA MXICANA ES INEPTA?

September 30, 2008
House Rejects Bailout Package, 228-205; Stocks Plunge
By CARL HULSE and DAVID M. HERSZENHORN
WASHINGTON — In a moment of historic import in the Capitol and on Wall Street, the House of Representatives voted on Monday to reject a $700 billion rescue of the financial industry. The vote came in stunning defiance of President Bush and Congressional leaders of both parties, who said the bailout was needed to prevent a widespread financial collapse.
The vote against the measure was 228 to 205, with 133 Republicans turning against President Bush to join 95 Democrats in opposition. The bill was backed by 140 Democrats and 65 Republicans.
Supporters vowed to try to bring the rescue package up again as soon as possible, perhaps late Wednesday or Thursday, but there were no definite plans to do so. A former Treasury Department official predicted that the administration would try to get another House vote before the end of the week, and with only “tiny tweaks” to the package, given the relative closeness of the vote.
Stock markets plunged as it appeared that the measure would go down to defeat, and kept slumping into the afternoon when that appearance became a reality. By late afternoon the Dow industrials had fallen more than 5 percent, and other indexes even more sharply. Oil prices fell steeply on fears of a global recession; investors bid up prices of Treasury securities and gold in a flight to safety.
The vote was a catastrophic political defeat for President Bush, who tried to muster national support for a recovery plan in a televised address last Wednesday, then lobbied wavering Republican legislators in intensely personal telephone calls on Monday morning.
“We put forth a plan that was big because we got a big problem,” the president said afterward. “And we’ll be working with members of Congress, leaders of Congress on the way forward. Our strategy is to continue to address this economic situation head on.”
The president was described as “very disappointed” by a spokesman, Tony Fratto. Mr. Bush’s disappointment may have been deepened by the fact that members of his own party voted against the package by more than 2 to 1.
Treasury Secretary Henry M. Paulson Jr., appearing at the White House late Monday afternoon, warned that the failure of the rescue plan could dry up credit for businesses big and small, making them unable to make payrolls or buy inventory. Vowing to continue working with Congress to revive the rescue plan, Mr. Paulson said it was “much too important to simply let fail.”
Supporters of the bill had argued that it was necessary to avoid a collapse of the economic system, a calamity that would drag down not just Wall Street investment houses but possibly the savings and portfolios of millions of Americans. Moreover, supporters argued, a lingering crisis in America could choke off business and consumer loans to a degree that could prompt bank failures in Europe and slow down the global economy.
Opponents said the bill was cobbled together in too much haste and might amount to throwing good money from taxpayers after bad investments from Wall Street gamblers.
House leaders pushing for the package kept the voting period open for some 40 minutes past the allotted time at mid-day, trying to convert “no” votes by pointing to damage being done to the markets, but to no avail.
The former Treasury Department official who predicted another House vote this week said that before there could be another vote, he would expect Speaker Nancy Pelosi, the California Democrat, and Representative John A. Boehner of Ohio, the Republican minority leader, to approach members with seats in safe districts and tell them, in effect: “You’ve got to do this. The fate of the country hangs on your vote.”
On the other hand, the former official, who spoke on condition of anonymity, said he was not sure what adjustments would satisfy the Republican lawmakers who voted against the package, given that the Republicans had already succeeded in tacking government insurance on to the bill, and that other items on their list of proposals, like a suspension of the capital gains tax, are non-starters.
The United States Chamber of Commerce vowed to exert pressure, warning in a letter to members of Congress that it would keep track of who votes how. “Make no mistake,” the letter said. “When the aftermath of Congressional inaction becomes clear, Americans will not tolerate those who stood by and let the calamity happen.”
Secretary Paulson, in promising to continue working with Congressional leaders to win passage of a rescue plan, alluded to remedial steps that the Treasury and Federal Reserve could take on their own, like lowering short-term interest rates. “Our tool kit is substantial,” he said, “but insufficient.”
Immediately after the vote, many House members appeared stunned. Some Republicans blamed Ms. Pelosi for a speech before the vote that disdained President Bush’s economic policies, and did so, in the opinion of the speaker’s critics, in too partisan a way.
“Clearly, there was something lacking in the leadership here,” said Representative Eric Cantor, Republican of Virginia.
Democrats, meanwhile, blamed the Republicans for not coming up with enough support for the measure on their side of the aisle.
Members of both parties, doing a quick political post-mortem, said those who voted no had encountered too much hostility for the bill among their constituents, and were worried that a vote in favor would be political suicide.
The Senate had been expected to vote later in the week if the bill had cleared the House on Monday. Senate vote-counters had predicted that there was enough support in the chamber for the measure to pass. But the stunning vote in the House, coupled with the Jewish holidays, made it difficult to predict when other votes might be held. Many House members who voted for the bill held their noses, figuratively speaking, as they did so.
Mr. Boehner, the Republican minority leader, called the measure “a mud sandwich” at one point, but he said that there was too much at stake not to support it. He urged members to reflect on the damage that a defeat of the measure could mean “to your friends, your neighbors, your constituents” as they might watch their retirement savings “shrivel up to zero.”
And Representative Steny Hoyer of Maryland, who as Democratic majority leader often clashes with Mr. Boehner, said that on this “day of consequence for America” he and Mr. Boehner “speak with one voice” in pleading for passage.
When it comes to America’s economy, Mr. Hoyer said, “none of us is an island.”
The House vote came after a weekend of tense negotiations produced a rescue plan that Congressional leaders said was greatly strengthened by new taxpayer safeguards. “If we defeat this bill today, it will be a very bad day for the financial sector of the economy,” said Representative Barney Frank, Democrat of Massachusetts and the chairman of the Financial Services Committee. Earlier Monday, President Bush urged Congress to act quickly. Calling the rescue bill “bold,” Mr. Bush praised lawmakers “from both sides of the aisle” for reaching agreement, and said it would “help keep the crisis in our financial system from spreading throughout our economy.”
After long favoring a hands-off approach and deregulation of the financial industry, the Bush administration has found itself in recent weeks interceding repeatedly in the private market to try to avert one calamity after another.
Even before the House vote, European and Asian stock markets declined sharply on Monday, especially in countries where major banks have had significant problems with mortgage investments, like Britain and Ireland. In the credit markets, investors once again bid up prices of Treasury securities and shunned more risky debt.
Early in the House debate, Jeb Hensarling, Republican of Texas, said he intended to vote against the package, which he said would put the nation on “the slippery slope to socialism.” He said that he was afraid that it ultimately would not work, leaving the taxpayers responsible for “the mother of all debt.”
Another Texas Republican, John Culberson, spoke scathingly about the unbridled power he said the bill would hand over to the Treasury secretary, Henry M. Paulson Jr., whom he called “King Henry.”
A third Texan, Lloyd Doggett, a Democrat, said the negotiators had “never seriously considered any alternative” to the administration’s plan, and had only barely modified what they were given. He criticized the plan for handing over sweeping new powers to an administration that he said was to blame for allowing the crisis to develop in the first place.
The administration accepted limits on executive pay and tougher oversight; Democrats sacrificed a push to allow bankruptcy judges to rewrite mortgages. But Republicans fell short in their effort to require that the federal government insure, rather than buy, the bad debt.
The final version of the bill included a deal-sealing plan for eventually recouping losses; if the Treasury program to purchase and resell troubled mortgage-backed securities has lost money after five years, the president must submit a plan to Congress to recover those losses from the financial industry.
Presumably that plan would involve new fees or taxes, perhaps on securities transactions.
The deal would also restrict gold-plated farewells for executives of companies that sell devalued assets to the Treasury Department. But by mid-afternoon on Monday, no one could safely predict whether the provisions in the 110-page bill were strictly academic.
“The legislation has failed,” Speaker Pelosi said at a news conference after the vote. “The crisis has not gone away. We must continue to work in a bipartisan manner.”