Compañeras y Compañeros de Alternativa Socialdemócrata:El pasado miércoles 24 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad de la convocatoria a la Segunda Asamblea Federada Extraordinaria, como lo había hecho con una convocatoria previa el viernes 28 de septiembre.
Con estas resoluciones queda de manifiesto que la reanudación del proceso interno para la elección de órganos de dirección y, sobre esa base, la construcción y consolidación de nuestro proyecto político, no pueden detenerse por acciones que vayan en contra de las reglas que nos dimos y de los acuerdos que aprobamos en la Primera Asamblea Federada Extraordinaria los días 12 y 13 de mayo de este año.
En ambos casos, las convocatorias fueron improcedentes. En la primera, por un error de la Mesa Directiva del Consejo Político Federado que no incluyó la certificación del número de consejeros que integran ese órgano y, en la segunda, por no existir certeza de que la mayoría de los consejeros hubieran conocido la convocatoria y estado de acuerdo con su contenido, además de no haberse cumplido con lo establecido en nuestros Estatutos de que son los propios consejeros quienes deben emitir la convocatoria, como lo hicimos con la convocatoria a la Primera Asamblea Federada Extraordinaria, y no la Mesa Directiva. En ambos casos, también se mantuvo la intencionalidad manifiesta en la redacción de los puntos del orden del día de hacer prevalecer un criterio jurídico contrario a los emitidos por la Coordinación Jurídica del Partido y por el IFE, colocando cualquier acuerdo que pudiera emanar de esa Asamblea en una vulnerabilidad jurídica que, a su vez, podría arriesgar el proceso de integración de órganos de dirección.
Estas resoluciones no sólo tienen un claro significado a favor de la legalidad democrática y la vida institucional dentro de Alternativa Socialdemócrata. Significan también, la afirmación de una necesidad que, una y otra vez, hemos planteado como condición indispensable para la solución de las diferencias y los conflictos en nuestro Partido: ampliar y respetar los espacios de dialogo político para atender los problemas internos, sin pasar por encima de los principios básicos de la civilidad y la legalidad.
A partir de la crisis política e institucional suscitada con el proceso de registro de Comités de Acción Política (CAPS) en Baja California Sur, Campeche y Coahuila, hicimos un llamado a la autocrítica y a la construcción de acuerdos que permitieran reanudar dicho proceso, bajo condiciones que evitaran las graves irregularidades y distorsiones que se dieron en esas tres entidades. Durante varias semanas, dos comisiones plurales del Comité Ejecutivo Federado (CEF) trabajaron con el propósito de proponer soluciones en dos vertientes: la construcción de un pacto de civilidad y el diseño de mejoras al procedimiento.
Si bien se lograron avances, particularmente en materia de procedimiento, que se tradujeron en un acuerdo de consenso suscrito por quienes integramos el CEF, que propuso la inclusión del prerregistro en el proceso de afiliación y certificación de CAPS, lo cierto es que los integrantes propietarios de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección (CNAEOD), los consideraron insuficientes, al no ir acompañados de un pacto de civilidad, y presentaron sus renuncias. A raíz de esto y dada la gravedad de la situación, propusimos la formación de una Comisión de Diálogo, y se acordó en forma unánime su integración por parte del CEF: Brenda Arenas, Rosalinda Ávila, Patricia Mercado, Luciano Pascoe, Rafael Piñeiro y quienes suscribimos este Comunicado.
En ese espacio planteamos diversas opciones para la distensión política dentro del Partido y para la reanudación del proceso. Incluso, cabe subrayar, con base en un acuerdo del CEF, se había preparado ya, por consenso, una convocatoria para una Asamblea Federada Extraordinaria. Sin embargo, unos minutos antes de enviarla para su publicación, la secretaria técnica del Consejo Político Federado, exigió al Vicepresidente del Partido que la convocatoria tuviera un Orden del Día distinto al que se había acordado.
Ello impidió que se emitiera la convocatoria, en un momento en el que todavía era factible, sin poner en riesgo el cumplimiento de los plazos estatutarios y reiterados por el Consejo General del IFE como plazos perentorios, reanudar el proceso a partir de una Asamblea que, en el marco de lo legalmente posible, permitiera reinstalar por consenso a la CNAEOD y reanudar el proceso interno con ajustes que evitaran las graves irregularidades registradas en las primeras tres entidades.
En efecto, la ruptura de la vía del consenso que se había acordado para la convocatoria, impidió procesar conjuntamente la reinstalación de la Comisión y consensuar propuestas de nuevos integrantes en una Asamblea que estaba prevista para el 22 de Septiembre. También se planteó redactar y firmar un acuerdo de civilidad para proseguir nuestro proceso interno en mejores condiciones políticas.
En relación a la situación de las entidades donde fueron disueltos los Comités Estatales Provisionales, si bien es cierto que la ausencia de una dirigencia política en dichas entidades constituye un problema que requiere toda la atención y soluciones concretas, es necesario explicar y ofrecer información veraz al respecto. Ante el planteamiento de restituir esos Comités y a propuesta de Rosalinda Ávila, el CEF acordó solicitar a la Coordinación Jurídica del Partido una opinión sobre la posibilidad de esta restitución. La respuesta la conocen todas y todos en el CEF: para hacerlo, así lo estableció en el documento con el que se dio respuesta a la consulta formulada, se requería una reforma estatutaria, ya que en los transitorios no se atribuye la facultad de restitución a ningún órgano.
Por ello, es falso que la no reinstalación de los Comités Provisionales disueltos sea producto de una decisión de la Presidencia y la Vicepresidencia del Partido. La imposibilidad de hacerlo deriva de disposiciones estatutarias y acuerdos aprobados por unanimidad en la Asamblea del 12 y 13 de mayo pasado. De allí que sean inadmisibles las acusaciones de que hemos sido objeto, por una situación que no depende de una decisión nuestra. No obstante, como lo hemos reiterado, mantenemos la más amplia disposición para encontrar una fórmula que, sin violar nuestros Estatutos, permita asegurar la debida representación política en esas entidades.
Al respecto, cabe subrayar que, en virtud de su discrepancia con la opinión de la Coordinación Jurídica, Patricia Mercado se comprometió a llevar a la Comisión de Diálogo otra opinión, jurídicamente sustentada, para la reunión prevista para el 17 de septiembre pasado. En forma adicional, el representante del Partido ante el Consejo General del IFE, formuló otra consulta a esa autoridad electoral, cuya respuesta se recibió el mismo lunes 17 de septiembre.
En la reunión de la Comisión de Diálogo celebrada en esa fecha, Patricia Mercado no presentó ningún documento, y hasta la fecha no se ha presentado ninguno que sustente la posibilidad legal de reinstalar los Comités Provisionales disueltos, sin una reforma estatutaria. Por su parte, Luciano Pascoe presentó el escrito con la interpretación del IFE, en la cual, en síntesis, se señaló que para integrar una nueva Comisión para el proceso interno también se requería una reforma estatutaria, con la observación de que la realización y validación de una reforma suponía por lo menos 30 días hábiles, lo cual podría poner en riesgo el cumplimiento de los plazos perentorios para integrar asambleas estatales y constituir una nueva Asamblea Nacional, a más tardar en marzo de 2008. En el mismo escrito, la autoridad electoral estableció que la CNAEOD podía y debía reanudar sus trabajos, con plena validez, mediante la incorporación de sus integrantes suplentes.
Nadie, nunca, ha impedido que se formule otra consulta al IFE. Según se informó en la última sesión del CEF, hay quienes realizaron consultas a algunos consejeros electorales sobre este asunto, y afirman que les dijeron que sí es posible la reinstalación de éstos. Sin embargo, no se ha presentado ningún documento con esas opiniones. Si existen esas opiniones, reiteramos nuestra solicitud de que se presenten por escrito, para conocer, valorar y analizar los argumentos en vías de encontrar la mejor y más sólida solución, y con ello evitar la especulación.
Dada esa situación, con los elementos señalados, en la reunión de la Comisión de Diálogo del 17 de septiembre, acordamos reunirnos dos días después, con el fin de elaborar propuestas y valorar las dos opciones existentes y sus implicaciones: reanudar el proceso con los integrantes suplentes de la CNAEOD o convocar a una Asamblea Federada Extraordinaria para reformar los Estatutos. Dijimos también que quedaríamos en espera del documento que Patricia Mercado presentaría en relación a los Comités disueltos. Nadie, en dicha reunión, manifestó objeción a ninguna de las dos vías posibles. Lo que señalamos fue la necesidad de valorar con apertura y responsabilidad las implicaciones de cada una.
Concluimos esa reunión a las 18:45 horas. Diez minutos después, la Coordinación de Comunicación nos informó que Claudia Barrón había solicitado la inserción de una convocatoria a Asamblea Extraordinaria para que se publicara, como ocurrió, al día siguiente, martes 18 de septiembre, con el fin de que la Asamblea se realizara el sábado 29 del mismo mes, lo que rompió en forma unilateral la vía del diálogo.
La Convocatoria se publicó y el Tribunal, por causas imputables a la Mesa Directiva del Consejo Político, la canceló la noche del 28 de Septiembre.
La más reciente convocatoria, anulada el pasado 24 de octubre por el propio Tribunal, no sólo muestra la persistencia en una ruta que va en contra de nuestras reglas, sino una grave irregularidad respecto a la utilización de nombres y firmas de personas que supuestamente suscribieron la convocatoria, además de implicar un escollo más a la vía del diálogo y la construcción de acuerdos.
Por esto es necesario hacer una serie de precisiones; consideramos pertinente hacerlas entre nosotras y nosotros, para no abonar más a la mala imagen que se ha generado para el Partido con declaraciones públicas sobre nuestro conflicto interno:
Los trabajos de la CNAEOD no se encuentran obstaculizados, ni paralizados. La Comisión se encuentra en funciones y cuenta con plena validez legal, y más aún, ha tomado la decisión, dada a conocer en un acuerdo público, de actuar por consenso, de tal manera que la supuesta ‘unipersonalidad’ de la CNAEOD es inexistente. La propia comisión ya ha publicado sus primeros acuerdos en la página de Internet del partido y ha fijado como fecha de realización de las primeras tres Asambleas Estatales, en donde se elegirán Consejos Políticos Estatales y Comités Ejecutivos Estatales, los días 24 y 25 de Noviembre de este año.
El partido cuenta con las instancias institucionales previstas en los estatutos para proseguir con su proceso de renovación de órganos de dirección. La realización de una nueva Asamblea Federada Extraordinaria sería a estas alturas inviable, en razón de los plazos a los que estamos sujetos.
En el mismo sentido, cabe aclarar que para nombrar a otros nuevos integrantes de la Comisión, sería necesaria la modificación de los estatutos, ya que el artículo décimo cuarto transitorio señala que ésta es una atribución exclusiva de la Primera Asamblea Federada, misma que celebramos el 12 y 13 de mayo; y en virtud de que la CNAEOD es un órgano previsto en los nuevos Estatutos, sólo podría ser la Asamblea Nacional la que tendría atribuciones respecto a dicha Comisión; pero lo cierto, como es obvio, es que la Asamblea Nacional no existe aún, y que el proceso interno tiene como fin, precisamente, arribar a su integración a más tardar en marzo de 2008. Por ello, sin una reforma a los Estatutos anteriores, la Asamblea Federada no puede ejercer más atribuciones que las señaladas en esa disposición transitoria de los nuevos Estatutos. Es decir, como lo hemos planteado una y otra vez, no es una cuestión de voluntad. Convocar, como se ha hecho, a una Asamblea sin incluir en el Orden del Día una reforma estatutaria, es ir en contra de la más elemental responsabilidad institucional, pues a todas luces sus acuerdos carecerían de validez. Y realizar una reforma estatutaria, en razón de los plazos a los que estamos sujetos, ya no es viable. En otros términos: si se hubiera respetado la vía del consenso en la que nos encontrábamos para realizar una Asamblea el 22 de septiembre, habríamos estado en tiempo para resolver esos asuntos. Pero lamentablemente esa vía fue rota en forma unilateral, y se persiste en esa actitud con las siguientes convocatorias.
La disolución de los comités ejecutivos estatales provisionales no implica la inexistencia del partido, pues en las entidades donde estos se han disuelto existe un interventor para dar cumplimiento a las necesidades de administración en estos estados, así como las representaciones ante los institutos estatales electorales, como lo establecen los estatutos y acuerdos de la Primera Asamblea Federada Extraordinaria, decisiones que han sido procesadas por la Comisión de Transición del CEF, y no por decisión de otra instancia o dirigente alguno en lo individual. Pero asumámoslo con toda nitidez: si la preocupación por restablecer comités es genuinamente institucional, hagámoslo por las vías estatutarias, con la integración de las asambleas estatales, y no con otras provisionales. Esto no implica ninguna forma de rechazo a la posibilidad de encontrar, por consenso, alguna vía que no viole nuestras reglas para fortalecer la presencia política del Partido en dichas entidades, garantizando la equidad.
Asimismo, refrendamos nuestro compromiso, como ya se hizo en múltiples espacios, de arribar a un acuerdo de civilidad que arroje las garantías mínimas que todas y todos requerimos para continuar con el proceso de integración y renovación de órganos de dirección.
Para avanzar en la ruta democrática del diálogo y la construcción de acuerdos, es indispensable erradicar las ofensas, los insultos, la difamación y las presiones sobre cualquier persona integrante de nuestro Partido. En este sentido, reiteramos nuestra disposición a dialogar y construir acuerdos. Pero no lo haremos en contra de la legalidad democrática a la que debe sujetarse el Partido y su dirigencia, y menos aún si persisten las agresiones verbales y la mentira como método.
La más reciente resolución del Tribunal Electoral refrenda tres asuntos sustanciales. En primer lugar, que la mayoría de quienes integramos la Asamblea Federada, cada una y cada uno desde su propia visión y su propia posición, actuamos a partir de una reflexión crítica y autocrítica sobre la situación del Partido, con independencia de criterios y plena libertad.
En segundo término, ratifica que el proceso interno puede y debe continuar para lograr una renovación democrática y plural de los órganos de dirección, siempre en el marco de las reglas que nos hemos dado y de la legalidad democrática que nos rige como partido político nacional.
Por último, demuestra una vez más que las decisiones, válidas al tomarse con plena libertad, no pueden tomarse con ligereza al margen de nuestra normatividad y de las consecuencias que éstas puedan generar. La ruptura de la vía del diálogo y la pretensión de imponer una particular visión de las cosas, carecen de viabilidad.
En razón de lo anterior, hacemos un llamado a recuperar la responsabilidad política; a reconocer y practicar los principios y valores de la democracia y la civilidad; y a consolidar un proyecto con sustancia y resultados, que verdaderamente contribuya a combatir la desigualdad y garantizar los derechos y las libertades de las personas, desde la perspectiva de la socialdemocracia.
Creemos que nuestros problemas actuales, muestran la necesidad de recuperar los motivos y las convicciones que nos llevaron a formar Alternativa Socialdemócrata. Y muestran también la prioridad de volver al trabajo con la gente, en las comunidades, con la sociedad, para constituir efectivamente un vehículo para sus causas y demandas. Salgamos de nuestro ensimismamiento, busquemos y encontremos rutas de diálogo para llegar a acuerdos, respetemos nuestras diferencias, reemprendamos la construcción de nuestro partido para llegar todas y todos a la Asamblea Nacional de finales de Marzo de 2008.
El día de hoy, con sorpresa, supimos de una nueva convocatoria a una Segunda Asamblea Federada Extraordinaria, la cual entraña los mismos problemas de las dos anteriores, ya anuladas por el Tribunal Electoral. Nuestra posición al respecto es la misma que ya hemos manifestado en este comunicado.
Reciban un saludo fraternal.
Alberto Begné Guerra Jorge Wheatley Fernández
Presidente Vicepresidente
en la patagonia
Wednesday, October 31, 2007
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- Gustavo Gordillo De Anda
- He sido dirigente del movimiento estudiantil de 1968, dirigente en el PMT, miembro fundador del Movimiento de Acción Política y del PSUM en los setentas. Miembro Fundador de la UNORCA. De abril a julio de 2006 fui el coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Como funcionario público he sido Subsecretario en la Secretaría de Agricultura, y Subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México entre 1988 a 1994. En 1995 me desempeñé como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungí como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Como escritor soy miembro Fundador de La Jornada y colaborador de la Revista Nexos. De 2006 a 2009 fui profesor visitante en el Taller de Teoria Política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom. EN 2015 fui Profesor Tinker en la Universidad de Wisconsin en Madison. He terminado dos libros a publicarse sobre la transición política en México. He terminado un libro sobre las reformas rurales en 1991 y estoy trabajando en una trilogía novelada. El primer tomo se llama 68.
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