LA CHICANERIA COMO DESTINO O LA CONGRUENCIA COMO PROPOSITO (4)

LA MAQUINARIA DEL ACARREO
1. La disputa por Alternativa no se puede entender sino en el contexto de la específica crisis de la transición política en México. El elemento de mayor peso es que se trata de una transición pactada entre la elite política a partir de un mínimo común denominador: la certidumbre para los tres jugadores principales que habría un terreno nivelado de disputa electoral con árbitros no neutrales –que difícilmente puede darse plenamente en un país que salía de un régimen de partido dominante-, pero sí confiables para los jugadores principales. Por la forma en que empezó a desarrollarse la transición democrática definida en el terreno electoral desde el famoso discurso de Jesús Reyes Heroles en Chilpancingo a fines de los setentas, todo el proceso ha estado marcado por una sobrestimación del papel que lo electoral jugaban en el régimen autoritario del partido dominante. Al mismo tiempo se subestimó la capacidad de adaptación y permanencia de otros ingredientes decisivos del régimen antiguo, particularmente dos.
2. Por una parte, el corporativismo estatal que ha sido capaz de sobrevivir a una alternancia que justamente porque ocurre solo en el terreno electoral deja intactos los resortes del poder y la representación de las corporaciones sindicales, empresariales, agrarias y de profesionistas. Por otra parte, también quedan intactas las maquinarias del acarreo y el fraude electoral. Aquí hay por una parte una lectura equivocada del papel del acarreo y el fraude en el contexto del regimen de partido dominante. Su papel, salvo en casos límites –los mas relevantes en elecciones locales como por ejemplo en Chihuahua, en Cajeme-Sonora, en Mérida, en San Luis Potosí- no era modificar los resultados electorales –que en general siempre favorecían al partido dominante gracias al uso indiscriminado del presupuesto público y de los medios de comunicación- sino asegurarse la lealtad de los triunfadores de las elecciones al aparato político y en cada contexto al jefe político respectivo fuera éste un presidente municipal o un gobernador o el mismo presidente de la República. Cuando el electo consideraba que podía prescindir del aparato siempre había la forma de amarrarlo a evidencias en el uso del acarreo y el fraude.
3. Cuando en 1996 se negocia la fase más decisiva de la reforma electoral la salvaguarda que necesitaba el PRI para entrar en la reforma era un nivel extremadamente elevado de financiamiento público para seguir alimentando esa extendidísima maquinaria del acarreo que se vería mas tarde limitada a ofrecerle como en el pasado, también puestos públicos y de representación, en la medida que aumentaba la competencia política. Para los dos principales partidos de la oposición pronto resultó claro que no solo no eran partidos nacionales sino que además tenían un enorme déficit en términos de cuadros, operadores y acarreadores. Para ser competitivos comenzaron a usar tímidamente y después de manera indiscriminada esa poderosa maquinaria del acarreo y el fraude. Modernizada gracias al influjo de los recursos públicos, convertida en una red “técnica” al servicio del mejor postor y con exiguas lealtades partidistas, reforzada eso sí con el conocimiento técnico de un todavía pequeño pero importante núcleo de ex-funcionarios de organismos como IFE,TRIFE, y transfigurada en despachos profesionales; esta maquinaria ha jugado el papel que siempre tuvo solo que ahora en el marco de un débil sistema multi-partidista: recordarles a todos cómo ganaron su elección. Además conforme se consolidaba un sistema oligopólico de partidos que elevaba las barreras para el registro de nuevos partidos, resultó inevitable que estos nuevos intentos cayeran en las redes de esa maquinaria para tratar de obtener su registro provisional. También les recordaría en caso necesario cómo habían obtenido su registro.

EL AZAROSO MAL MENOR Y EL ELUSIVO BIEN MAYOR

4. Desde la crisis política abierta en las elecciones presidenciales de 1988 las elites políticas han guiado el proceso de transición democrática por dos principios: el mal menor y el mínimo común denominador. Derivado del segundo,las reformas electorales apostaron a asegurarse estrictamente tranparencia en el proceso y en los resultados electorales. Esta visión dió origen a un elaborado y complejo entramado institucional organizado através de un Instituto Federal Electoral ciudadano y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. La intuición básica de este minimalismo en los acuerdos por parte de las principales fuerzas políticas era que bastaba eso para generar un ambiente competitivo capaz de permitir la alternancia. La alternancia se vió como la prueba de ácido que la transición democrática habría llegado a su culminación. Seis años de gobierno de alternancia en el ámbito federal comprueba cada vez más que el minimalismo fue insuficiente para realmente concluir con la tan deseada transición. Esencialmente porque aun con reglas que garanticen transparencia y efectividad en los procesos electorales –que el voto cuente y se cuente- la permanencia en el terreno del poder del estado de otros enclaves del autoritarismo impide culminar esa transición y puede, como ahora en las elecciones del 2006, dañar los propios procesos electorales.
6. Pero esa subsistencia de otros enclaves autoritarios en medio de un contexto de relativa competencia electoral es producto del otro principio que ha guiado la transición mexicana. El principio del mal menor. Desde las elecciones de 1988 sea por razones de legitimidad y luego, a partir de 1997 también por razones simplemente aritméticas, las alianzas políticas entre distintas y a veces antagónicas fuerzas políticas se convirtieron en un tema crucial de la gobernabilidad. Sin embargo para casi todos los actores políticos el otro fenómeno concomitante a la pérdida de mayorías estables en el Congreso, la necesidad de construr una nueva coalición gobernante que sustituyera a la coalición que gobernó en la posrevolución, fue eludido sistemáticamente. El eje de las alianzas políticas en el congreso –generalmente poco transparentes- lo fue la alianza de facto entre priístas y panistas. Se trató sobretodo de alianzas puntuales y desaseadas que usualmente generaron fricciones al interior de ambos agrupamientos. La aplicación del principio del mal menor obedecía a tres razones. Primera, la dificultad para legitimar ante la opinión pública las negociaciones políticas como ejercicios normales en toda democracia y no como acuerdos vergonzosos. Segunda, la dificultad para procesar al interior de los partidos conductas proclives a la negociación política cuando predomina el agandalle. Tercera, una visión cortoplacista que miraba más a las ganancias políticas inmediatas.
7. Claramente la cultura de la negociación política se ve torpeada en nuestro país desde dos flancos. Desde el flanco de los puros –los supuestos radicales que son más bien defensores del status quo- con sus acusaciones de traición a todo lo que lleve a negociaciones políticas serias. Desde el flanco de los pragmáticos –que también son defensores del status quo- con sus acusaciones sobre el desperdicio del tiempo político en negociaciones de gran envergadura.El resultado combinado de todos estos fenómenos ha sido acuerdos puntuales y oportunistas, reformas inconclusas, mala fama pública a todo lo que implique negociaciones públicas abiertas. Mínimo común denominador en las negociaciones electorales. Alianzas políticas basadas en con quién y hasta donde limito el costo de negociar con un “contrincante” han producido conservadurismo en las iniciativas políticas y fetichismo institucional. La culminación de la transición democrática requiere un proceso deliberado, acompasado, gradual y acumulativo de desmantelamiento de los enclaves autoritarios ampliamente presentes en el actual sistema político. El propósito final es un nuevo acuerdo constitucional basado en una nueva coalición gobernante. Hay empero una idea central que impide los acuerdos. La idea de que es posible en vez de negociar con el contrincante, debilitarlo y eventualmente aniquilarlo.
8. El acuerdo central, -el verdadero compromiso histórico- que puede desmantelar los enclaves autoritarios es el acuerdo que nos ha eludido como país desde 1988. El acuerdo entre un sector de la derecha expresado en el PAN y un sector de la izquierda expresado en el PRD. No es que desconozca la importancia política del PRI y de sus operadores políticos como el actual coordinador de la fracción priísta en el Senado. Pero las alianzas del PRI y el PAN han sido esencialmente conservadores. Se han empantanado en todo lo que hubiera significado reformas de fondo.
9. Resulta sin duda paradójico sino es que excéntrico que se plantee en este momento que el verdadero compromiso histórico debe gestarse entre la derecha y la izquierda mexicana cuando las negociaciones entre el PAN y el PRD están abriéndose –por decirlo de alguna manera con verdaderos deal-breakers. La renuncia a las movilizaciones sociales pide el PAN al PRD. La renuncia de Calderon con precondición para negociar pide el PRD al PAN.
10. La apuesta de muchos actores políticos está en los desprendimientos de la CBT. La misma apuesta expresa la cortedad de miras y en cierto sentido la incomprensión del momento actual. Los acuerdos con desprendimientos van a ser siempre ilegítimos y de muy corto plazo. Agravian a la coalición contrincante, favorece a quienes rechazan toda forma de negociación y eluden el tema central. Eluden analizar la dinámica propia de las movilizacione sociales. Para desmontar el autoritarismo se requiere una coalición gobernante fuerte y sólida capaz de enfrentar los poderes fácticos. La derecha desconfía que la izquierda quiera hacer eso desde los canales institucionales. La izquierda desconfía que la derecha quiera enfrentar a los poderes fácticos porque la concibe presa de esos intereses.Y sin embargo la ausencia de ese compromiso histórico ha provocado casi 20 años de un país congelado que se desarma y se desarticula paso a paso en una incontenible caída en la decadencia. Se requere en verdad buscar el elusivo bien mayor.