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Thursday, September 06, 2007

MESA UNO DESARROLLO SUSTENTABLE Y DESIGUALDAD

DESARROLLO SUSTENTABLE
LAURA GARCIA


No pueden disociarse los problemas ambientales de los económicos y los sociales. El desarrollo sustentable es un proceso donde se podrá garantizar la supervivencia de la humanidad alcanzando niveles dignos de bienestar material. Se requiere para esto una revolución social global, donde se defiendan los recursos pero también se distribuyan equitativamente. Pero el crecimiento demográfico global supone enormes dificultades para alcanzar el desarrollo sustentable. La perspectiva a escala nacional es difícil no sólo por el crecimiento poblacional y sus consecuencias como urbanización no planeada, sino la marginación rural y urbana, la degradación de los suelos y aguas, entre otras condiciones.
En la relación entre la pobreza rural y el manejo sustentable de los recursos es difícil determinar si el manejo no sustentable ha sido una causa importante de la marginación de los pobres rurales o si ésta es más bien una causa fundamental del desarrollo no sustentable. ¿La destrucción de los suelos, la deforestación es causa o efecto de la pobreza rural? En materia demográfica, el número creciente de hogares en zonas vulnerables ecológicamente es una causa importante de la degradación ecológica. Los bosques también son talados porque las poblaciones marginadas que viven ahí necesitan la ganancia inmediata que generan de la tala, sin capacidad de invertir en técnicas que impidan el uso inmediato del recurso en lugar de la reconstitución del capital y la acumulación para un uso más racional. Para evitar la depredación del recurso es necesario que haya un ingreso ya establecido y una organización de la extracción del recurso donde hayan ganancias inmediatas.
El tema de la deforestación en México es muy ilustrativo porque abraza la relación entre la marginación rural y el desarrollo sustentable. Hoy la deforestación es un problema con dimensiones globales y repercusiones locales graves. El impacto de la globalización ha provocado cambios en el uso del suelo de todas las regiones del mundo. La apertura comercial de productos agrícolas, por ejemplo, ha alterado los patrones de producción tradicional de los países en vías de desarrollo, por lo que se necesita cada vez más territorio para cultivar; el crecimiento poblacional requiere de más territorio para habitar y producir alimento, sea con ganadería o agricultura; los cambios climáticos mundiales han ocasionado sequías que arrasan con las zonas naturales; los índices de pobreza cada vez mayores amenazan los bosques porque se extrae todo lo necesario para sobrevivir utilizando mecanismos de destrucción forestal total.
El problema de los bosques en México entraña el problema de la pobreza rural. En la raíz de la deforestación se encuentran las grandes injusticias sociales: la pobreza y la falta de oportunidades de progreso social, que empujan a millones de pobres hacia los bosques y las selvas, y la ignorancia de los campesinos pobres como producto de un sistema educacional desigual; un sistema judicial injusto; instituciones públicas diezmadas y la falta de aplicación en la ley; corrupción institucionalizada. Los esfuerzos de preservación ambiental tienen que ir de la mano de una planeación económica distributiva. Tanto la ganadería como la agricultura y extracción de madera deben ser actividades de manejo forestal sustentable. A su vez, la falta de ordenación territorial de los suelos de acuerdo a su vocación productiva (agrícola, pecuaria y forestal) es un ejemplo del desaprovechamiento forestal que repercute en el desarrollo económico del país.
La mayoría de quienes vivimos en ciudades ni siquiera conocemos bien el problema de la deforestación. En una encuesta reciente dirigida a capitalinos acerca de la deforestación, la mayoría contestó que la causa principal del problema en México es la extracción de madera para uso industrial. Como solución al problema se propuso un mayor control gubernamental para evitar la tala ilegal de bosques y limitar el número de permisos. Sin embargo, la realidad presenta un escenario totalmente diferente. La tala ilegal de bosques apenas representa un 8% frente al 82% proveniente de los desmontes o cambios de suelo para uso agropecuario. En promedio, anualmente se dan sólo 2,000 permisos para la producción forestal, los cuales ocupan una porción bastante reducida del terreno forestal total. La paradoja de nuestro sistema es que sólo se utiliza una pequeña parte de los recursos forestables disponibles para la explotación forestal, a pesar de lo cual ese aprovechamiento suele ser visto como la causa principal de la deforestación.
En las últimas dos décadas, el área perturbada por desmontes se ha duplicado por incrementos sobre todo en el pastoreo y la ganadería extensiva. La migración de campesinos por problemas económicos y climáticos ha provocado el aumento de este tipo de cultivo desordenado, poco remunerativo y dañino para el medio ambiente.
Ninguna de las causas de la deforestación actúa ni se expresa de manera aislada. Hay una fuerte incapacidad gubernamental para articular los factores ecológicos con los diversos aspectos de los sistemas sociales. De igual manera la política forestal en México ha resultado ineficiente, miope, y contradictoria con otras políticas.
Se ha ignorado la interacción de las comunidades con sus recursos, a pesar de la evidencia de su papel fundamental en los sistemas de aprovechamiento de los recursos forestales. Los integrantes de las comunidades forestales llegan a ser los primeros usuarios de los recursos, y las reglas que han construido para su uso afectan de manera significativa la condición de los bosques.
En estas últimas dos décadas, los índices de deforestación se han disparado por incrementos en el uso del suelo forestal en la ganadería, el narcotráfico, los incendios por sequías o intencionales para uso del suelo, mayor demanda mundial y regional de la madera y sus derivados, etc. Frente a este problema, las políticas ambientales no han sido capaces de conciliarse con las otras políticas colaterales, por lo que chocan entre sí.
En estas últimas décadas llegó a haber programas realizados en una misma región donde la presencia de distintas instituciones incrementaron la presión sobre el bosque: el Instituto Nacional Indigenista apoyó proyectos ganaderos; la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos promovió el uso de herbicidas por mucho tiempo; el Banco de Crédito Rural otorgó créditos para desmontes. Mientras que no se estimularon políticas en apoyo a las actividades forestales, aquellas que compiten con el uso forestal tuvieron mucho más arranque. Al mismo tiempo en que se financiaban los créditos de la Banca de Desarrollo y de la Banca Comercial para la ganadería, las instituciones forestales contaban con muy pocos recursos, se caracterizaban por la corrupción y el burocratismo, y hasta se llegaron a considerar totalmente inútiles, pues ni protegían a los bosques ni a las comunidades propietarias. Los permisos que expidió la Secretaría de Agricultura y Fomento favorecieron más a las autoridades y empresas que a los ejidos o comunidades. Sólo bajo autoridad de un representante federal se podía explotar el bosque, y son mucho más los casos documentados en que no se hacía un estudio exhaustivo del terreno boscoso, se vendía el permiso a precios altos y las productoras de madera acababan pagando una renta muy baja al ejido. Éste último resultaba un simple vendedor de su bosque a un precio indeterminado que se llegaba a fijar en función de las ganancias de los contratistas, quienes trataron siempre de obtener los mayores beneficios posibles reduciendo los costos de producción, ya sea aumentando la productividad al acaparar más bosque o pagando poco a los trabajadores.
El aprovechamiento sustentable de los bosques, por menos promulgado que sea, ha dado resultados positivos en algunos casos concretos. Algunos programas de reforestación (sobretodo los de la Semarnat) son hoy mucho más eficientes que los anteriores; ejidos en el centro y norte del país han logrado adoptar medidas de aprovechamiento forestal ignoradas en el pasado; comunidades agrarias en la zona de Oaxaca presentan niveles de organización comunal avanzados, por lo que han logrado proteger sus recursos en contra de la explotación caciquil forestal.
Pero estos casos no dejan de estar aislados. En Chihuahua, por motivos históricos de la composición comunal, ha sido casi imposible combatir los abusos de los ejidatarios y los caciques, y en consecuencia, muchos ejidos forestales continúan siendo explotados en detrimento del bosque y quienes viven a su alrededor. Las empresas madereras chihuahuenses que se establecieron desde los veintes siempre conocieron las debilidades de la composición ejidal en el lugar y aprovecharon la situación: pagaron un mínimo por la utilización del bosque, se extendieron a zonas vedadas, compraron a las autoridades responsables de emitir permisos de extracción de madera y explotaron la mano de obra indígena, incapaz de anteponerse a las estructuras de poder.
El caso de Chihuahua es ilustrativo para ver que no hay mejor administrador de un bosque que sus dueños, quienes dependen de sus recursos para sobrevivir. Entre más relegadas queden las asambleas ejidales en el momento de las decisiones, más amenazado queda el bosque.
Sin embargo, sería erróneo generalizar este argumento, pues la deforestación no ha sido llevada a cabo por un solo actor o sector de la economía. Tanto industrias o particulares externos como ejidatarios y campesinos han contribuido a la deforestación. En Chiapas, por ejemplo, se ha presentado el caso contrario, donde muchos ejidos han arrasado con sus bosques al incendiar intencionalmente para luego sembrar maíz, o incluso han vendido parte de sus terrenos a empresas madereras regiomontanas.
En forma similar, muchos de los factores de deforestación presentan resultados diferentes según la zona del país, su estructura social, su experiencia histórica, etc. Por ejemplo, la pobreza puede ser un factor de conservación de bosques como de deforestación. En algunas zonas se han conservado los bosques porque la gente depende de ellos para sobrevivir, y en otras las condiciones de pobreza han provocado la quema forestal para plantar maíz y no morir de hambre. El reciente abandono del campo también puede resultar en agravios a los bosques o en su preservación. Ya que sembrar resulta cada vez menos redituable, el campesino abandona esta actividad y así deja de deforestar, pero su ausencia incide en plagas e incendios que no se combaten.
Hay ejidos que sólo han llevado a cabo el aprovechamiento de árboles plagados, quemados o tirados por el viento. Las ganancias que la comunidad ha obtenido con ellos han sido exiguas. El aprovechamiento forestal de estas zonas ha permitido cierta capitalización, pero no suficiente como para considerarlo una alternativa al uso desmedido de los bosques. Por otra parte, hay ejidos que en estos últimos años han aprendido a utilizar el bosque de tal manera que resulte una opción económica más redituable que otras actividades productivas, especialmente la ganadería y la agricultura.
Sin embargo, a grandes rasgos se presentan también condiciones que pueden fomentar la silvicultura. El bosque se protege cuando también se protegen los derechos de sus dueños, se supervisa su uso por parte de una autoridad competente y justa, y se fomenta el aprovechamiento sustentable mediante medidas institucionales que hacen más atractivo este uso de los recursos. La cohesión y la participación inclusiva dentro de la organización política de un ejido pueden ser factores determinantes para estabilizar el bosque del que este ejido aún dispone, y desarrollar el interés por protegerlo. De este modo el propio ejido puede definir áreas forestales en las que no se permite ya el cambio de uso de suelo. Se pueden desarrollar reglamentos internos en los que se establezcan medidas distintas de protección de los recursos y la prohibición explícita de parcelación del bosque. Es también gracias a la organización ejidal eficiente que se logra controlar la amenaza de incendios y plagas forestales.
Termino finalmente con algunas preguntas que quisiera dejar abiertas para discutirlas ahora:
¿En qué medida México está condenado a la deforestación de sus bosques hasta no resolver sus carencias económicas y sociales?
¿Qué viabilidad tiene el desarrollo sustentable en un país en vías de desarrollo?
¿Qué factores se necesitan para que la silvicultura sea una alternativa real?

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He sido dirigente del movimiento estudiantil de 1968, dirigente en el PMT, miembro fundador del Movimiento de Acción Política y del PSUM en los setentas. Miembro Fundador de la UNORCA. De abril a julio de 2006 fui el coordinador general de la campaña presidencial de Patricia Mercado. Como funcionario público he sido Subsecretario en la Secretaría de Agricultura, y Subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria en México entre 1988 a 1994. En 1995 me desempeñé como Director de Desarrollo Rural de la FAO en Roma y desde 1997 hasta 2005 fungí como Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Como escritor soy miembro Fundador de La Jornada y colaborador de la Revista Nexos. De 2006 a 2009 fui profesor visitante en el Taller de Teoria Política de la Universidad de Indiana en Bloomington, dirigido por los profesores Vincent y Elinor Ostrom. EN 2015 fui Profesor Tinker en la Universidad de Wisconsin en Madison. He terminado dos libros a publicarse sobre la transición política en México. He terminado un libro sobre las reformas rurales en 1991 y estoy trabajando en una trilogía novelada. El primer tomo se llama 68.

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